De vez en cuando conviene recordar estas cosas. Cito de aquí y aquí.

• Ayuntamientos en este despojo de país: 8.116.
• Sólo 145 tienen más de 50.000 habitantes.
• 6.799 tienen menos de 5.000 habitantes.
• O lo que es lo mismo, el 84% de los ayuntamientos tienen menos de 5.000 almas.
• En Castilla-León hay 1.976 ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes.
• El Ayuntamiento de Illán de Vacas (Toledo) tiene 5 (cinco) habitantes.

Comenta el amigo @elreystadesnudo que el bueno de @Absolutexe ha actualizado este gráfico:

(Clic sobre la imagen para ampliar, como siempre).

Un amigo (un abrazo, querido), me manda esta foto. No; no es un montaje.

Todos los años lo pongo, y éste no va a ser menos.

Gracias a un par de amigos (Antonio y Miguel), a los que les agradezco enormemente la ayuda, he podido acceder a esta información que hoy publica El Mundo. Cito:

Un defensor de la impunidad del crimen de Estado elevado al TC

Valdés alegó, como director del Servicio Jurídico, que el secreto de Estado prevalecía sobre la investigación del GAL

El catedrático Fernando Valdés, candidato al Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE, defendió en un informe del Servicio Jurídico del Estado, del que fue director entre 1986 y 1990, que el secreto de Estado tiene un carácter absoluto que prevalece incluso por encima de la investigación judicial de los delitos. Este criterio, contradicho a la postre por el Supremo, fue mantenido por Valdés en el tenso conflicto que enfrentó a Baltasar Garzón con el Ministerio del Interior cuando el entonces juez reclamó los datos sobre los fondos reservados entregados al ex policía Amedo.

«El legislador penal y procesal ha colocado a los secretos de Estado por encima de la investigación y la represión de los delitos, por lo que le está negada al juez toda la potestad para comprobar directamente si la invocación es o no abusiva: tampoco puede aquí obligar a violar los secretos sólo para comprobar que no ha habido abuso en su invocación». El párrafo fue un argumento central del informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado en el que se apoyó el Ministerio socialista del Interior para negar en 1988 al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, la información que éste reclamaba con el fin de averiguar si los atentados de los GAL se financiaron con fondos reservados.

El director general del Servicio Jurídico del Estado era en aquel momento Fernando Valdés, propuesto ayer por el PSOE para ser nombrado por el Congreso magistrado del Tribunal Constitucional.

El dictamen del Servicio Jurídico del Estado fue la base que utilizaron tanto el ex ministro del Interior José Barrionuevo como sus sucesores y subordinados para negarse a proporcionar cualquier tipo de información al juez instructor sobre el uso de los fondos reservados.

Fue un durísimo enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que tres años después acabó con la condena a 108 años de prisión de los dos policías investigados, José Amedo y Michel Domínguez. La cúpula de Interior, con Barrionuevo a la cabeza, sería condenada en julio de 1998 por otro crimen de los GAL, el secuestro de Segundo Marey. El Tribunal Supremo, en contra de la tesis que mantuvo el Servicio Jurídico del Estado, sentó la doctrina de que ningún secreto oficial puede amparar la comisión de delitos.

Garzón supo el 23 de mayo de 1988, durante la declaración del director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, que un viaje de Amedo y Domínguez a Portugal fue financiado con fondos reservados. Durante ese viaje (febrero de 1986) los ex policías contrataron a los mercenarios portugueses que llevaron a cabo los atentados de los GAL en los bares Batzoki, de Bayona, y Consolation, en San Juan de Luz, en los que resultaron heridas seis personas.

A lo largo de mayo y junio de 1988 Garzón formuló insistentes peticiones de información sobre los fondos reservados entregados a Amedo y su justificación documental. El 7 de julio, el Ministerio del Interior remitió al juez un informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado que sostenía que los responsables de Interior estaban obligados a guardar silencio sobre los fondos reservados.

El Servicio Jurídico del Estado, dirigido por Fernando Valdés, señalaba que los fondos reservados tenían el carácter de «secretos oficiales» al estar legalmente clasificados. Añadía que los secretos oficiales «no podrán ser comunicados» y el incumplimiento de esa prohibición era motivo de sanción penal y disciplinaria.

Según el informe, esa regulación era igualmente aplicable a los jueces y tribunales porque la publicidad de los asuntos judiciales «es absolutamente incompatible con el secreto amparado por la ley».

Por ello, señalaba, «no existe en este caso resistencia ni negativa a declarar, sino cumplimiento estricto de un deber legal».
También argumentaba que la ley de secretos oficiales establecía que la declaración de materia clasificada no afectará únicamente al Parlamento, «que tendrá siempre acceso a cuanta información reclame (…) en sesiones secretas». «Pero en estas excepciones no se incluyen los procesos judiciales, ni aun los de tipo penal». «La potestad judicial queda detenida por la invocación del secreto», sostenía.

A la vista de ese informe, Garzón elevó una exposición a la Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional sobre la necesidad de investigar si los GAL se habían financiado con fondos reservados. En ese documento, el instructor incluyó su famoso gráfico sobre la X de los GAL.

Y más:

Por aquí o por aquí tratan otros aspectos. Pero, ¡ay de quien diga que el TC es un tribunal politizado!

Llego a través del amigo Carlos a este artículo de Victoria Prego:

El Juego de las Diferencias

Van a tener muy serias dificultades algunos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para demostrar que sus gastos se ajustan al principio de estética y moralidad que le ha sido exigido a su ya ex presidente, Carlos Dívar, y que fue utilizado como palanca para forzar su dimisión. Y no solamente porque resulte absolutamente escandalosa la cifra que el viernes pasado dio a bulto el secretario del Consejo sobre lo que habían costado los viajes de los vocales en el año 2011, sino por varias razones más.

De entrada, que 21 señores se hayan gastado 470.000 euros en desplazamientos nacionales en sólo 11 meses del año 2011 -agosto es inhábil para ellos- es impresionante.Y no digamos nada si a eso le sumamos los viajes internacionales y el coste de los servicios de seguridad. Porque entonces el total del gasto realizado supera de largo el millón de euros.

Ninguno de estos 21 vocales, con las excepciones que haya que establecer una vez tengamos la información precisa, ignoraba que en 2011 el país estaba sumergido en la crisis, que el dinero público escaseaba dramáticamente y que el paro arrasaba la vida de los españoles. Pero ahí está esa millonada del erario que no tuvieron reparo en gastar.

Ahora el Consejo tendrá que detallar al céntimo adónde han ido esos cientos de miles de euros y con qué fin. Quedamos también a la espera de que presenten todas las cuentas desde 2008 hasta hoy porque, de momento, las desconocemos. Pero, a tenor de lo visto, es seguro que nos vamos a encontrar con una cifra estratosférica. Y algo más, que puede resultar especialmente grave: el CGPJ está obligado a precisar cuántos y quiénes de sus vocales que tienen su residencia habitual fuera de Madrid han viajado a sus residencias privadas los fines de semana y si esos viajes se han pagado con el dinero del Consejo.

Si existe una actividad privada, privadísima, ésa es la de regresar al hogar donde reside la familia de uno/a. Esa excursión semanal de ida y vuelta, repetida cada viernes y cada lunes, mes tras mes, sale por un dineral.

Y si resulta que alguno, o algunos, de los consejeros han echado mano del dinero público para dedicarlo de forma continuada a pagar esa actividad privada, tendrán que presentar automáticamente su dimisión después de las obligadas explicaciones.

Y ahora les propongo participar en el Juego de las Diferencias, ése que se publica en algunas revistas de entretenimiento. Porque de las diferencias detectadas en lo que sigue puede desprenderse una grave sospecha.

- Tribunal Constitucional: sus magistrados tienen un sueldo muy superior a los del TS.

Cada uno de los magistrados del TC cuentan con el apoyo de dos letrados personales más los servicios del Gabinete de Letrados, compuesto por más de 50 profesionales.

Los letrados del Constitucional cobran casi el doble que los letrados del Supremo, pese a que los primeros, elegidos a dedo, no tienen que tener la categoría de funcionarios.

Ni los magistrados ni los letrados del TC tienen limitación alguna en el material, ya sea mobiliario, informático o de otro tipo, que reclamen para su actividad

- Tribunal Supremo: sus magistrados tienen un sueldo claramente inferior a los TC.

Los letrados de este tribunal cobran cerca de la mitad que los del TC y para ocupar la plaza tienen que aprobar una oposición.

A los magistrados de este tribunal se les han limitado incluso los bolígrafos y las tarjetas de visita y se les suministra material de fotocopiadora desechado por la Guardia Civil, según testimonio de uno de ellos.

- Tribunal de Cuentas: cada uno de sus 11 miembros dispone de 6.000 euros al año en concepto de gastos de representación y protocolo, cantidad que se suma a un sueldo mensual que oscila entre los 5.500 y los 6.200 euros netos por 14 pagas. El Tribunal de Cuentas sufraga, además, los viajes de fin de semana a sus residencias privadas fuera de Madrid a algunos consejeros. Facturas que llegan a alcanzar los 2.500 euros al mes.

- Tribunal Supremo: sus miembros no tienen asignado gasto alguno por el concepto de representación y protocolo. Y el magistrado que no sea de Madrid y quiera ir a ver a su familia se paga todos los viajes de su bolsillo.

- CGPJ, Tribunal de Cuentas y Tribunal Constitucional: todos los miembros de estos órganos constitucionales disponen del servicio de un coche oficial con chófer las 24 horas del día. Sábados y domingos también. Se parte del hecho de que todos ellos, incluidos algunos octogenarios miembros del Tribunal de Cuentas, están en el ejercicio de su cargo en todos los momentos de su vida.

- Tribunal Supremo: los magistrados de todas las salas tienen un servicio de coche oficial para llevarlos por las mañanas al Supremo y devolverlos a su casa hasta las dos y media. A partir de esa hora pasan a ser ciudadanos de a pie y se mueven por sus medios.

-Tribunal de Cuentas: la Constitución le encomienda fiscalizar todas las cuentas públicas, incluidas las de los partidos. Sus miembros deben renovarse cada nueve años por acuerdo de PP y PSOE. Pero alguno, como Ubaldo Nieto (81 años), propuesto por el PP, lleva 30. Ciriaco de Vicente (76 años, PSOE) lleva 21. Juan Velarde (85, PP) lleva 20.

Conclusión: los órganos cuya composición depende de los partidos gozan de unos privilegios de los que carecen los miembros del único poder cuya independencia efectiva garantiza la pervivencia del Estado de Derecho. Y el poder político mima a sus criaturas a cambio de poderlas controlar, contaminando gravemente así su cometido.

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Véase también:

–”Cada vocal del CGPJ gastó 22.000 euros en viajes el año pasado“.

–”El Poder Judicial destapa que los vocales gastaron 830.733 euros en viajes en 2011“. (Obsérvese que de media sale más de 37.660 euros y los gastos de Dívar eran de 28.000).

–”A ver, las cuentas“, de Santiago González.

–”Y, ahora, que se expliquen los demás“, de Victoria Prego.

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Por cierto, me parece estupendo que se fiscalice cada gasto de la cosa pública. Más cosa que pública. Ojalá El Pravda se aplicara con la misma fruición con la que trató el asunto de Dívar con los miembros del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Por no entrar en el Jefe del Estado. O en otras harinas; partidos, sindicatos, subvenciones, publicidad, amigotes y otras partidas.

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Ah; una de las posibles claves que a mucha gente se le escapa. Quizá podría ayudar a comprender ciertas actitudes.

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Y a todo esto, ¿cui prodest?